El candidato a la Alcaldía de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, se pronunció frente a informaciones que han sido difundidas a través de redes sociales y algunos medios de comunicación sobre un proceso que se le sigue en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.
A través de un comunicado el candidato de la Alianza con Popayán dijo que cuando se asume el inmenso compromiso de interpretar los intereses y expectativas ciudadanas para tramitarlas positivamente desde las diferentes esferas del Estado, existen varias formas o estilos para hacerlo: positivamente o de manera negativa y mezquina. Una de ellas, es la que he venido practicando en mi aspiración por llegar a ser el próximo Alcalde de Popayán, y para ello he acudido al diálogo franco, abierto, sencillo, humano y conciliador; que entre otras cosas; me ha permitido acceder a una postulación bajo el respaldo ciudadano expresado en miles de firmas y bajo la elaboración participativa de una propuesta seria, objetiva, alcanzable y sobre todo del tamaño de lo que espera el proceso por Recuperar a Popayán del lamentable estado en que se encuentra.
Otra forma de hacerlo es aquella que, ante la orfandad del fervor popular y ante la falta de argumentos y razones convincentes, acuden a la diatriba, al insulto, a las bajas pasiones y a la irresponsable actitud de colocar hasta en riesgo, la integridad de quiénes encarnan otras posiciones, como es efectivamente la práctica que en estos días se promociona en mi contra por las redes sociales y en otros medios que hacen eco de los falsos rumores a cambio de dádivas y mezquindades.
Si bien es cierto que hace algún tiempo se instauró en contra de nuestra empresa familiar de la cual fui Representante Legal, un denuncio por presuntas conductas que reñían con la norma penal, es necesario precisar los términos de lo sucedido así: La investigación penal inicia por la Fiscalía en el año 2014, a raíz de una llamada anónima, en la que se manifiesta que Juan Carlos Muñoz Bravo, como Representante Legal de Droguerias Alianza de Occidente, suministró el medicamento Glivec 400 Mg, lote Z0073; presuntamente falsificado y/o adulterado al no ser adquirido directamente al laboratorio Novartis.
La inactividad investigativa por parte de la Fiscalía General de la Nación por más de nueve (9) años, impidió el esclarecimiento de los hechos en etapa de indagación, decidiendo imputar cargos afanosamente para evitar la prescripción de la acción penal y una posible investigación disciplinaria en contra de La Fiscal de Conocimiento.
Solo hasta el año 2021, la Fiscal de Conocimiento competente imputó cargos y solicitó la imposición de medida de aseguramiento, la suspensión de la personería jurídica de Droguerías Alianza de Occidente SAS y el cierre temporal del establecimiento de comercio.
Estas medidas fueron negadas por el Juzgado 5° Penal Municipal con función de Control de Garantías de Popayán, porque La Fiscalía no presentó las pruebas mínimas necesarias para acusar y tampoco desvirtuó la presunción de mi inocencia conforme al debido proceso.
A su vez, el Juez de Garantías, acogió todos los argumentos de la defensa y realizó una crítica rigurosa a La Fiscalía por adelantar una investigación con base en una fuente no formal (Anónima), que carece de valor probatorio conforme al Código de Procedimiento Penal y además por carecer de medios de prueba para sustentar las medidas solicitadas.
Esta decisión no fue apelada por La Fiscalía. En el año 2022, se instala La Audiencia Preparatoria, que no fue posible realizar por ausencia de representación de las víctimas.
En el año 2023, instalada La Audiencia Preparatoria, tampoco se pudo realizar porque La Fiscalía no logró la designación de Representantes de Víctimas. Mi Defensa requirió al laboratorio Novartir para que se hiciese parte en el proceso y de esta manera evitar dilaciones injustificadas, que me perjudicaran como acusado.
Nuevamente se instala La Audiencia Preparatoria y por tercera vez NO comparecieron las presuntas víctimas ni sus representantes, infiriéndose la ausencia de interés en hacerse parte dentro del proceso y concluir lo infundado de la denuncia anónima, porque no existe ninguna víctima.
La demora en resolver este proceso judicial iniciado por una llamada anónima, perjudica notablemente mis derechos, toda vez que se trata de una actuación iniciada desde el año 2014 y hasta la fecha, transcurridos más de nueve (9) años, la imputación que sin fundamentos realizara La Fiscalía, no fue aceptada por El Juez de Control de Garantías.
Planteados así los hechos ocurridos y en el entendido que esta situación obedece a un proceso que se debe dirimir y definir en los estrados judiciales, he decidido esperar a que tal situación se tramite como corresponde y en la certeza de que no existe razón alguna o causa que me inhabilite o impida seguir en mi camino hacia La Alcaldía Municipal de Popayán, me alejo de cualquier pretensión que acompaña a mis contendores para ubicarme en los bajos escenarios de las discusiones que no se corresponden con un debate serio y de altura y mejor seguiré acudiendo a las prácticas que continúen cultivando el entusiasmo ciudadano empeñado en una modificación total de las costumbres administrativas nocivas que se deben descartar y para siempre.
Bajo el irrestricto apoyo ciudadano sigo adelante, absolutamente convencido del mayor respaldo existente y con la firme convicción de que es precisamente lo logrado hasta el momento, lo que mayor escozor le causa a una clase política que mira absorta y preocupada como se le acercan los momentos finales para que sus prácticas de esquilmar los recursos públicos y abusar del poder se les van extinguiendo, en razón del fresco ambiente de futuro halagador que mi nombre y propuesta significan. Vamos hasta el final dijo Juan Carlos Muñoz Bravo.
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