Masacre en el municipio de Corinto ejecutó un grupo armado ilegal2 min read

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En la noche del lunes festivo, se registró una masacre dentro de un bar cerca de la galería en el municipio de Corinto, dejando un saldo de cuatro personas muertas y varias heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Conda Campo, oriundo de la vereda Buenavista; Omar Guachetá, de la vereda Miravalle; Yoselin Mosquera, oriunda de la vereda Santa Elena; y Paula Andrea Ríos, residente de Corinto.

De acuerdo con las primeras informaciones, hombres fuertemente armados llegaron en una camioneta e ingresaron al establecimiento conocido como «El Cantinazo» y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes.

En el ataque, varias personas resultaron heridas y fueron remitidas a un centro asistencial de la localidad dónde reciben atención médica.

Según versiones entregadas por personas que se encontraban en el lugar, el ataque fue ejecutado por integrantes del frente 57 Yair Bermúdez, un grupo armado que hace presencia en el norte del Cauca y que ha venido combatiendo al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de Iván Mordisco.

Incluso se menciona que una de las víctimas, es familiar de uno de los cabecillas de ese frente de las disidencias de las farc, que opera en todo el norte y oriente del Cauca.

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta  temprana AT 013/25, que incluye al municipio de Corinto con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.  Así mismo, la AT 019/24 advierte un riesgo inminente en Corinto (Cauca) por la confrontación entre las disidencias Dagoberto Ramos y Frente 57 “Yair Bermúdez”. Se reporta disputa territorial y control social, con imposición de normas ilegales y restricciones a la movilidad. La población enfrenta riesgos de reclutamiento, confinamiento y uso de minas antipersona, por lo que la Defensoría del Pueblo solicita una acción urgente del Estado para proteger a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

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