El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), firmó tres contratos que permitirán la construcción, ampliación, mejoramiento y adecuación de 25 sedes educativas indígenas en el departamento del Cauca.
La inversión asciende a $26.504 millones, recursos destinados a mejorar las condiciones educativas en territorios indígenas y a fortalecer los procesos de educación propia en las comunidades del departamento.
Las intervenciones se desarrollarán en instituciones educativas ubicadas en 12 municipios del Cauca: Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Jambaló, La Sierra, Morales, Páez, Popayán, Silvia y Toribío, beneficiando de manera directa a más de 5.000 niños, niñas y jóvenes, así como a docentes y comunidades que participan en procesos de formación propios de los territorios.
Las intervenciones contemplan la construcción y adecuación de cocinas y comedores comunitarios, casas del agua, espacios pedagógicos propios, kioscos, áreas culturales y administrativas, así como espacios destinados a la transformación de alimentos, elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades educativas y comunitarias.
Estas mejoras buscan garantizar espacios dignos y adecuados para el aprendizaje, al tiempo que fortalecen la permanencia de los estudiantes en sus territorios y responden a las dinámicas culturales y sociales de las comunidades indígenas.
Uno de los elementos centrales de este proceso es que las obras se desarrollan bajo un modelo que reconoce las particularidades culturales y organizativas de los pueblos indígenas. Para ello, el FFIE ha venido ajustando sus procedimientos de contratación y seguimiento de proyectos, incorporando mecanismos que permiten concertar las intervenciones con las autoridades y comunidades de los territorios.
Dentro de este enfoque se incluye un esquema de supervisión intercultural, que acompaña la ejecución de las obras para garantizar que las intervenciones respeten los procesos comunitarios, los tiempos propios de los territorios y los saberes ancestrales, de manera coherente con el Sistema Educativo Indígena Propio.
De esta manera, la infraestructura educativa deja de ser únicamente una obra física y pasa a convertirse en un elemento que respalda la autonomía cultural y educativa de las comunidades.
Con la firma de estos contratos, el Ministerio de Educación avanza en el cierre de brechas históricas en infraestructura educativa en territorios indígenas y fortalece un modelo de intervención que permite que las inversiones públicas lleguen a las comunidades respetando sus procesos organizativos y culturales.
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