Con la sanción presidencial de esta nueva Ley de la República, el país da el paso más importante en décadas para superar los retos estructurales para la financiación que afectaron a las universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU) públicas.
Durante más de 30 años, la Ley 30 estableció que los recursos para las universidades crecieran cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero el IPC mide el costo de bienes como alimentos, transporte o servicios públicos, no el costo real de formar profesionales, investigar, mantener laboratorios, pagar salarios docentes o invertir en tecnología.
Esa diferencia acumulada fue la raíz para que en las IES se generaran necesidades sin cubrir a pesar de que la matrícula aumentaba y la demanda crecía.
Esta reforma reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), establece recursos adicionales para el aumento de la cobertura, cierre de brechas, formalización laboral, entre otros, incorpora el crecimiento de la inversión en la educación superior pública respecto del PIB y orienta el sistema hacia un nuevo modelo que prioriza el financiamiento a la oferta, el fortalecimiento de la capacidad instalada y la sostenibilidad en el largo plazo de las instituciones de educación superior públicas.
La meta de largo plazo es clara: alcanzar una inversión equivalente al 1% del PIB en educación superior pública, acercando a Colombia a los promedios de inversión que presentan otros sistemas de educación superior en la región; recursos que fueron conceptuados favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Este hito no es un hecho aislado. Es el resultado de dar cumplimiento al parágrafo del Artículo 122 del Plan Nacional de Desarrollo y de un proceso de diálogo, con participación de estudiantes, docentes, rectores y distintos actores del sistema.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro reconoce que este avance responde también a la persistencia del movimiento estudiantil, que durante años defendió la educación pública como un derecho y no como un privilegio.
Con la firma de esta reforma en Popayán, Colombia no solo modifica una fórmula presupuestal. Da un paso estructural hacia una educación superior pública más fuerte, sostenible y acorde con las necesidades reales del país
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