Desde el pasado domingo 9 de agosto, los habitantes del corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío enfrentan hostigamientos armados ininterrumpidos. La arremetida criminal incluye el uso desproporcionado de tecnología para sembrar el terror, mediante la detonación de artefactos explosivos lanzados desde drones. A este escenario se suman los ataques con morteros artesanales —conocidos como ‘tatucos’—, ráfagas indiscriminadas hacia las viviendas civil, la quema selectiva de casas, la retención ilegal de personas y el reclutamiento forzado de menores de edad, como ocurrió en la vereda La Palma.
A esto se suman los resultados de los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el grupo armado ilegal de las disidencias de las farc, que deja varios militares heridos así como civiles, quienes fueron evacuados en la madrugada de este viernes hacía la ciudad de Popayán.
Frente al inminente riesgo para sus vidas y ante un confinamiento severo, decenas de líderes comunitarios se desplazaron masivamente hacia las instalaciones del Cantón Militar General José Hilario López de la Tercera División en Popayán. Los pobladores exigen de manera urgente un incremento sustancial en las operaciones terrestres y el apoyo aéreo de la Fuerza Pública para retomar el control de las vías de acceso e impedir el avance de cientos de insurgentes.
Violaciones al DIH y la respuesta de las autoridades militares
El nivel de afectación hacia la población civil alcanzó niveles críticos. Durante las incursiones armadas, un poblador civil resultó gravemente herido tras el impacto de una bomba arrojada desde un dron, teniendo que ser estabilizado por enfermeros de combate y evacuado de emergencia en helicóptero hacia un centro médico en la capital caucana.
Por su parte, la Brigada 29 del Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, mantiene maniobras ofensivas para repeler a los grupos ilegales. Las autoridades militares condenaron de forma tajante como las disidencias viene ejecutando graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La estructura Jaime Martínez ha sido señalada por utilizar viviendas particulares e instituciones educativas rurales como trincheras de combate y plataformas para acopiar material bélico, exponiendo vilmente a la comunidad, docentes y estudiantes al fuego cruzado.
Que ocurre en el sector rural del municipio de Cajibío
¿Qué hechos recientes agravaron la crisis de seguridad en el corregimiento de Ortega?
El asedio a la población, los ataques con explosivos, sumado a los continuos ataques con explosivos lanzados desde drones.
¿Cuáles son las principales violaciones al DIH cometidas contra la población civil de Cajibío?
El reclutamiento forzado de menores, la quema de viviendas, la tortura, los ataques indiscriminados a civiles y la utilización ilícita de escuelas como trincheras de combate.
¿Qué llamados y exigencias hacen las comunidades afectadas a las fuerzas del Estado?
Solicitan presencia militar permanente, intensificación del apoyo aéreo y el despeje de las rutas de acceso para frenar el confinamiento de más de 600 familias.
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