Estudio del Politécnico Grancolombiano estima que la extorsión en Cauca sería casi siete veces mayor que la reportada4 min read
Un estudio realizado por docentes del Politécnico Grancolombiano muestra que la extorsión en el Cauca podría tener una dimensión considerablemente mayor a la que reflejan las denuncias formales. El problema está especialmente relacionado con la convergencia entre economía rural y territorios afectados por el conflicto armado.
La investigación “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia”, realizada por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, registra una tasa oficial de 20,13 casos por cada 100.000 habitantes, pero estima que la tasa real podría alcanzar 134,17 casos por cada 100.000 habitantes.
¿Por qué la extorsión tiene tanto impacto en el Cauca?
El problema adquiere una dimensión particular porque la extorsión se desarrolla sobre una economía rural de suma importancia. En lo legal, el Cauca cuenta con alrededor de 94.500 hectáreas de café, una actividad que sostiene a más de 22.000 familias campesinas e indígenas, muchas de ellas ubicadas en zonas geográficamente complejas como Tierradentro y el Macizo Colombiano.
En lo ilegal, el análisis registra un promedio superior a 1.100 hectáreas de coca por municipio vulnerable y señala que el 57% de los municipios del departamento tiene condición PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), asociada a territorios con un fuerte legado de conflicto armado.
Esta superposición entre economías legales e ilegales constituye uno de los principales factores de riesgo identificados en el estudio. Los grupos armados pueden aprovechar las redes de transporte y el control territorial construido alrededor de las economías ilícitas para ejercer presión sobre caficultores legales. En este contexto, la producción de café se convierte en una fuente de ingresos susceptible de ser gravada mediante cobros extorsivos, especialmente en territorios donde la presencia institucional es más débil.
La situación del departamento también se diferencia por la forma en que se materializa la extorsión, debido a que en las zonas cafeteras donde existe una fuerte hegemonía territorial de los grupos armados, el cobro rara vez depende exclusivamente de llamadas anónimas o de modalidades de suplantación. El cobro puede convertirse en físico y presencial, realizado directamente sobre productores, fincas y puntos relacionados con la comercialización y pesaje del café.
La baja bancarización rural contribuye a aumentar esta vulnerabilidad. El estudio registra para el Cauca un nivel de bancarización de 40,07%, y esta mayor dependencia del efectivo facilita la logística de las extorsiones, pues los grupos criminales pueden identificar cuándo y dónde circula el dinero, principalmente durante la comercialización de las cosechas.
El estudio evidencia que los municipios cafeteros ubicados en zonas PDET concentran las tasas de extorsión más altas, y de igual manera, los municipios cafeteros que están fuera de zonas PDET muestran niveles considerablemente menores. La propia investigación refuerza esta relación: la producción de café y condición PDET resulta significativa para explicar la extorsión, pero la presencia de café por sí sola no implica necesariamente un aumento considerable del delito.
El fenómeno tiene además una dimensión que trasciende la seguridad de los productores. Cuando los grupos armados imponen pagos sobre la producción legal, parte de los ingresos generados por el café termina desviándose directamente a las estructuras criminales. Esto puede afectar la rentabilidad de las familias productoras, incrementar sus costos de operación y dificultar el desarrollo de la comercialización.
La extorsión no sólo funciona como un delito contra una persona o un negocio, sino como una forma de apropiación de los recursos de una economía rural.
¿Cuáles son los desafíos para atacar esta “roya”?
El desafío para el Cauca consiste en proteger simultáneamente a las comunidades y a una de las principales actividades productivas del departamento. La investigación plantea que enfrentar la extorsión en los territorios cafeteros requiere fortalecer la seguridad y la justicia, mejorar la presencia institucional en las zonas más vulnerables y actuar sobre las economías ilícitas que permiten a los grupos armados mantener su capacidad de control territorial.
La protección de la producción legal de los caficultores se convierte en una condición para preservar los ingresos de la población rural y fortalecer el desarrollo económico de un departamento históricamente afectado por el conflicto armado.
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