La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, emitió un requerimiento preventivo dirigido a las directivas del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., la Alcaldía Municipal y carteras del Gobierno Nacional. La actuación preventiva busca auditar las decisiones administrativas vinculadas a la modificación de las modalidades de contratación del talento humano dentro del centro asistencial.
El pronunciamiento surge tras las alarmas encendidas por organizaciones sindicales y trabajadores ante la eventual sustitución de los contratos sindicales por contratos de prestación de servicios (OPS). Según expuso el organismo de control, reemplazar el vínculo contractual para que el personal continúe desarrollando las mismas labores misionales vulneraría principios constitucionales como la primacía de la realidad sobre las formas, la estabilidad laboral y la libertad de asociación sindical.
Alertas por el Decreto 661 y proceso de formalización laboral
La Procuraduría advirtió que la entrada en vigencia del Decreto 661 de 2026, el cual impone límites al uso indebido del contrato sindical para evitar la intermediación laboral ilegal en las E.S.E. y redes de salud pública, no puede interpretarse como un aval automático para migrar masivamente hacia las OPS. El Ministerio Público recordó que la norma exige orientar la transición hacia la formalización laboral cuando las funciones desempeñadas sean misionales y permanentes.
Asimismo, el ente de control solicitó explicaciones sobre el estado de ejecución del preacuerdo anunciado en mayo de 2026 para la formalización laboral de 1.782 trabajadores del hospital, compromiso en el que participaron la Alcaldía de Popayán junto a los ministerios de Trabajo y Salud. La Procuraduría requirió confirmar si la actual intención de aplicar contratos OPS se encuentra contemplada en dicho plan o si fue concertada previamente con los sindicatos.
Evaluación financiera y llamado a mesa interinstitucional
En el documento, el organismo reconoció las dificultades de liquidez que afronta la institución hospitalaria, pero enfatizó que los problemas financieros o el retraso en el flujo de caja por la cartera pendiente de las EPS no justifican la adopción de esquemas de contratación que desconozcan las garantías sociolaborales. Por esta razón, se exigió un reporte pormenorizado y discriminado de la deuda total que mantienen las entidades promotoras de salud con la institución.
Para evitar la interrupción de los servicios asistenciales y la vulneración de los derechos del personal, el Ministerio Público propuso formalmente la instalación de una mesa interinstitucional de seguimiento. En dicho espacio participarán la Alcaldía, los Ministerios de Trabajo y Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, los sindicatos y las directivas del hospital. Las autoridades requeridas disponen de un término de 10 días para responder el pliego de información solicitado.
Claves de la noticia: Tres preguntas
¿Por qué la Procuraduría emitió un requerimiento al Hospital San José? Por el riesgo de precarización laboral al pretender sustituir contratos sindicales por contratos de prestación de servicios (OPS) en funciones misionales permanentes.
¿Qué exige el Ministerio Público respecto al Decreto 661 de 2026? Advierte que la norma prohíbe la intermediación ilegal pero no autoriza reemplazar contratos sindicales por OPS, exigiendo avanzar hacia la formalización laboral.
¿Qué pasó con el preacuerdo de formalización de 1.782 trabajadores? El órgano de control solicitó verificar la validez y cumplimiento del compromiso pactado en mayo de 2026 entre la Alcaldía y los ministerios de Salud y Trabajo
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