La Audiencia de las Medidas Cautelares que protegen a las víctimas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, acreditadas en el Caso 05, se realiza hoy en Popayán presidida por el magistrado Raúl Sánchez, quien está acompañado por el magistrado Óscar Parra y la magistrada Belkis Izquierdo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, así como el magistrado José Miller Hormiga de la Sala Definición de Situaciones Jurídicas.
El trabajo conjunto entre la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene como objetivo contribuir a garantizar los derechos de las víctimas, en particular su derecho a la no repetición y al acceso a la justicia, en el marco de la investigación del Caso 05 y otros procesos que lleva la JEP.
El magistrado Raúl Sánchez dio inicio a la diligencia explicando la importancia de las medidas cautelares para proteger los derechos de las víctimas. “El Cauca encabeza la lista de asesinatos de líderes sociales, con más de 302 víctimas. En lo que va de este año, 44 líderes sociales han sido asesinados, así como 10 firmantes del Acuerdo de Paz. Se han presentado 29 masacres en Cauca y Valle del Cauca”, dijo.
Además, enfatizó el magistrado: “No puedo. Mi conciencia no me deja empezar esta audiencia sin hacer un minuto de silencio por las víctimas que han sido asesinadas”, dijo y manifestó que las autoridades de los pueblos Indígenas y Afro tendrán vocería durante el desarrollo de esta diligencia. Para concluir, el magistrado dio las gracias a las autoridades y organizaciones internacionales por contribuir a buscar soluciones integrales a este problema que afrontan las comunidades, una audiencia que coincide con la conmemoración de la Semana por la Paz. “Decirles a las autoridades indígenas que la JEP está aquí cumpliendo con su mandato constitucional y legal para escucharlas y atenderlas. La JEP es el instrumento que genera una plena implementación al Acuerdo de Paz”, expresó el magistrado Sánchez.
El magistrado José Miller Hormiga señaló que, a pesar de las dificultades, las organizaciones de Cauca persisten con los compromisos por la paz y con estos esfuerzos se deslegitima cualquier acción de violencia.
Explicó, además, que es muy importante que la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas haga presencia en la diligencia y por eso acudió a la misma, teniendo en cuenta que además de las investigaciones que se adelantan contra funcionarios de la fuerza pública, en una nueva fase a la Sala le compete hacerle seguimiento a comparecientes que hicieron parte de las extintas Farc-EP.
Junior Elkin Pilcue Noscue, autoridad delegada por las organizaciones indígenas del Cauca. Expresó que los integrantes de las comunidades están siendo señalados por supuestos nexos con los actores armados que hacen presencia.
Le dijo a la magistratura que no es una estrategia nueva y los casos de amenazas a sus líderes han sido críticos en los últimos días y la afectación sigue creciendo al punto de poderse dar un exterminio. “Hoy en nuestros territorios se siguen dando los asesinatos colectivos”, agregó.
También expuso los problemas de reclutamiento que están generando los grupos armados. Hay “crímenes de lesa humanidad que hoy afectan la pervivencia de nuestras comunidades. Hacemos un llamado para que puedan tener una mirada integral sobre lo que está pasando en el Cauca y en el Valle”, sostuvo Pilcue.
La diligencia continuó con la intervención de Vanesa Sarasti, delegada por organizaciones afrocolombianas del Cauca, quien indicó que el reclutamiento está afectando a las comunidades y está desarmonizando sus prácticas como Pueblos Étnicos. “Hoy esta diligencia enmarca un hito histórico, el cual aplaudimos”, dijo Sarasti.
“Esperamos lograr esas medidas que nos permitan esos mínimos elementos de protección para nuestras comunidades y nuestros territorios. Es de conocimiento el alto nivel de vulnerabilidad, específicamente para quienes bajo su rol como autoridades se sobreexponen debido a su representación territorial”, dijo.
El coronel Alexander Ramos, comandante del Comando Operativo Apolo del Ejército que opera en el norte del Cauca, subrayó cómo la institución armada hace esfuerzos por cumplir con su labor de proteger a la comunidad, a pesar de lo difícil del contexto actual para combatir a varios actores ilegales. “Es complejo en la medida que estos grupos se han sabido adaptar», explicó Ramos.
El comandante de la @PoliciaCauca, Giovany Torres, indicó que allí la fuerza pública se enfrenta a más de diez estructuras criminales, pero que las estrategias establecidas están diseñadas para realizar acciones «preventivas e investigativas», dijo. Agregó que, a la fecha, han capturado a más de 900 personas, de las cuales 30 serían ‘cabecillas’.
El subdirector de la Unidad de Restitución de Tierras (@URestitucion), Gabriel Bustamante, reconoció que la entidad al momento «desconoce cuáles son las cifras reales sobre las tierras despojadas en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca».
“No sabemos la dimensión del despojo. Hoy, en Unidad de Restitución de Tierras tenemos más de diez millones de hectáreas que están reclamando las víctimas. Y la inmensa mayoría son de pueblos étnicos”, le explicó Bustamante a la magistratura.
Para continuar las intervenciones de las entidades citadas a la Audiencia de Seguimiento a las Medidas Cautelares que protegen a las víctimas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, acreditadas en el Caso 05, tomó la palabra Óscar Montero, coordinador de la @UBPDcolombia en Cauca.
Montero habló de la importancia de proteger a las víctimas, a sus familias y a los firmantes de paz para aumentar las posibilidades de encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Agregó que en este departamento desaparecieron más de 2.639 personas en el marco del conflicto armado y que el norte del Cauca es donde ocurrieron la mayoría de los casos.
“El tema de la desaparición no es un hecho del pasado. Sigue habiendo desapariciones. Tenemos que generar corredores humanitarios. Si ellos (víctimas, familias y firmantes) no están protegidos, muy difícilmente podremos hacer la tarea”, añadió.
Maritza Isaza Gómez, jefe de Promoción Social de @MinSaludCol, dio cuenta del apoyo que ha ofrecido el Gobierno Nacional en los últimos años en los municipios afectados por la inseguridad.
“Se han girado recursos para la ejecución de diez proyectos por 87.000 millones de pesos, desde el 2018 hasta el 2022”, dijo Isaza, quien puso como ejemplo las inversiones a los hospitales de Villa Rica, Santander de Quilichao y Jamundí, en el Valle del Cauca, como medidas de respuesta a las necesidades de poblaciones afectadas por el conflicto.
Los comentarios están cerrados.